El fallo favorece a Burford Capital y Eton Park, que en su momento compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra Argentina e YPF, dijeron fuentes conocedoras de los detalles del litigio, que esperaban que la medida fuera apelada.
El magistrado responsabilizó al Estado argentino por seguir adelante con una decisión de expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera sin realizar una oferta pública a los tenedores de las demás acciones afectadas por la decisión.
El caso fue iniciado por Burford Fund después de que comprara los derechos para litigar en los tribunales españoles en el concurso de acreedores de Petersen Energía y Petersen el inversor
La posición del Estado argentino fue sustentada en el derecho público y señaló que la expropiación prevista en la Ley del Congreso Nacional está por encima de los estatutos de la empresa y por lo tanto no debe hacerse dicha oferta pública a otros accionistas.
Citando los estatutos de YPF de 1993 en su decisión, la jueza concluyó más tarde que «República prometió a los tenedores de valores que les ofrecería una salida si recuperaba el control de la cantidad requerida de acciones» y que esta promesa «no se ha cumplido». .
El valor de la indemnización que deberá pagar el Estado argentino, si no anula la sentencia, se determinará durante el proceso judicial, cuando se harán los cálculos que permitan llegar al monto, explicaron las fuentes consultadas, quienes aclararon que por ahora el juez Presko sólo determinaba las obligaciones.
El caso fue iniciado por Burford Fund después de que comprara los derechos para litigar en los tribunales españoles en los procedimientos concursales de Petersen Energía y Petersen el inversor.