Medidas oficiales introdujo la ley extranjera (global) intercambio de bonos en dólares está en poder de los organismos del sector público nacional según los títulos en pesos.
Dentro del expediente 13681/2023 Poder Judicial en procedimiento administrativo federal rechazó que los legisladores tengan legitimidad basada en la calidad de diputados y diputadas de la nación, Fuentes judiciales dijeron a Télam que entendieron que la figura parlamentaria no los apoyó para actuar para proteger la separación de poderes.
Incluso desde la presentación en la corte Diputados Juntos por el Cambio, Pablo Torello; Ana Clara Romero; Virginia Cornejo; Gabriel Mraida; Fernando Iglesias; Soher El Sukaria; Ingrid Jetter; Sabrina Ajmechet; María Inés Quiroz; José Núñez; Dina Rezinovsky; y Alejandro Finnocchiaro.
También firmaron protección pensionados Jesús María Silveyra, Nieves Irma Núñez, Julio César Marsano y Lidia Greco.
En cuanto al otro, La Justicia en lo Contencioso Administrativo objetó la intervención de los pensionados, al entender que este carácter “no otorga legitimidad suficiente para ejercer jurisdicción, porque la aplicación de tal condición sin prueba de daño específico es insuficiente para mantener la legitimidad a los efectos de impugnar la constitucionalidad de la norma (errores: 306:1125 “Baeza”)”.
Finalmente, el juez enfatizó que “en la medida en que el actor no acredite la existencia de un interés propio específico, inmediato y sustancial, esto equivale a una negación in limine de la acción intentada. Cualquier interés no es suficiente, sino que se hace necesario un interés calificado para actuar sobre el asunto.
Por esta multitud de razones la resolución decidió «Desestimar in limine la demanda interpuesta (Artículos 2 de la Ley 27, 3 y 17 de la Ley 16.986 y Artículo 337 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”.
Los legisladores y los jubilados exigieron que como medida preliminar urgente, se hará efectiva la suspensión de lo dispuesto en el Decreto 163/2023 y los artículos 2 y 3 del Decreto 164/2023.
El gobierno formalizó a través de estas normas instrumentar el canje de US$4.000 millones en bonos de ley extranjera (globales) en poder de organismos del sector público nacional por títulos en pesos ajustados por CER, dólar o dual; y la incorporación de bonos en dólares de ley local (bonares) a la operación en dólares de CCL.
El objeto de la medida, según señaló en su momento el Palacio de Hacienda, fue dar mayor profundidad al mercado con el que se opera el dólar CCL, a la vez que brindar herramientas al Tesoro y al Banco Central para operar en el mercado financiero cambiario para evitar saltos al abismo.