El abogado rosarino Gustavo Feldman, representante del grupo de acreedores de la empresa agroexportadora Vicentin en una causa penal en la que se acusa de estafa al directorio de la empresa, amplió la denuncia que llevó al jurado contra el juez civil y comercial sp. el preventivo de quiebras Fabián Lorenzini, acusado de «mal desempeño».
Con eso en mente, el abogado presentó ayer una ampliación de su denuncia original. hay una «nueva realidad»en caso de que sea revisada por los Juzgados de Paz de Santa Fe a partir del 2 de mayo.
Feldman explicó hoy a Télam que el «hecho nuevo» en el juicio por jurado «consiste en una declaración de la existencia de un acuerdo”, que el juez firmó el 17 de abril.
El abogado entiende que con este acto procesal del juez Lorenzini tuvo una mala actuación porque no respetó el razonamiento de la sentencia de Cancha de Santa Fe sobre Vicentino, en el que advirtió que la propuesta de pago “contiene parámetros ilegales”, dijo.
Además, ha recordado que la propuesta de la sociedad con el cumplimiento de las mayorías exigidas por la Ley Concursal y Concursal “tiene tal contenido que llega a ser operativa que no conoce la decisión jurisdiccional derivado de una investigación criminal que se adelanta en Rosario”.
se trata de dos medidas preventivas dictado en causas penales por los jueces de Rosario por presunto fraude en la falla de Vicentino.
En ambos casos, los jueces establecieron «la prohibición de innovar la composición de la masa accionaria y las disposiciones relativas a las sociedades en las que Vicentin SAIC tendría participación».
Feldman recordó que la propuesta de Vicentino para pagar las deudas verificadas en el concurso contempla la venta del 33% de las acciones que aún posee la empresa en la planta Renova, sociedad con Viterra Argentina, que sería la compradora.
“La administración de bienes está prohibida por la justicia penal rosarina”, enfatizó el abogado.
El 17 de abril, Lorenzini declaró la existencia de un acuerdo entre Vicentino y los acreedores que han dado su visto bueno a una propuesta de pago presentada por una agroexportadora en quiebra que ha acumulado un pasivo verificado de casi $1.500 millones.
Además, el juez abrió un plazo de 10 días hábiles para impugnar los términos del convenio para aquellos acreedores que no lo acepten.
Según fuentes del expediente, el Banco Nación (BNA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Inspectoría General de Personas Jurídicas de Santa Fe y acreedores privados ya impugnaron el acuerdo, que deberá ser resuelto por el juez Lorenzini.
Para el informante Feldman, La decisión de Lorenzini no tiene en cuenta la decisión del tribunal e ignora las medidas de no innovar dictadas por el sistema de justicia penal de Rosario, lo que cree que demostraría el «sesgo de parcialidad» y el «comportamiento repetitivo» del juez en ese sentido.
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