Los programas de transferencia de ingresos en todos los países de América Latina y Argentina representan un punto de partida para el desarrollo de políticas de seguridad social para la niñez y el cuidado, pero no siempre abordan la pobreza multidimensional o la reducción de las desigualdades.
Junto a las transferencias de ingresos, es necesario invertir en políticas que amplíen y mejoren la calidad de la infraestructura de salud, atención a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, para enfrentar la crisis de atención que la pandemia del COVID-19 ha visibilizado y revalorizado los sistemas de seguridad social.
Dada la experiencia en infraestructura de Argentina, es un activo en este sentido.
El desarrollo de logros debe y debe continuar: en Argentina, a la prestación universal por hijo y al abandono de la mujer en el hogar, se suma un nuevo derecho a la ampliación de la infraestructura de cuidados.
Desde el Ministerio de Obras Públicas y de acuerdo con la ruta trazada por el gobierno, se creó el Programa de Infraestructura del Cuidado, implementando el derecho al cuidado y al cuidado.
Este compromiso de inversión impuesto por la agencia se incluyó en la Ley de Igualdad de Atención.
Específicamente, se trata de construir nueva infraestructura en todo el país, como centros de desarrollo infantil, centros de salud modulares, entre otras obras que impactan en la atención.
Esta política ha sido el foco desde el primer día del ministro Gabriel Katopodis para crear una huella de distribución diferenciada que garantice derechos y sea parte de la agenda de desarrollo del país, junto con otras obras estructurales en agua y saneamiento y conectividad vial.
Hay al menos tres aspectos que destacan por qué esta política es innovadora:
1. Multiplicación de oportunidades
En primer lugar, la inversión en infraestructura de cuidados multiplica las oportunidades: genera directa e indirectamente empleo en la industria de la construcción y contribuye a romper la dinámica de la pobreza de tiempo (un estado en el que no hay tiempo suficiente para dividir el tiempo entre el trabajo remunerado y las actividades no productivas). ).
Por otro lado, genera cambios radicales en la vida de las personas, especialmente estas políticas tienen un impacto positivo en los proyectos de vida de las mujeres asociados a una mayor autonomía.
2. Infraestructura de atención, participación y responsabilidad
Segundo, esta nueva política fue creada con participación y rendición de cuentas. A través de la plataforma MapaInversiones, desarrollada en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los ciudadanos pueden conocer las obras que se realizan en el territorio, así como indicar, comentar, subir fotos y videos sobre las diversas proyectos
Datos publicados en MapaInversiones muestran que 1 de cada 10 obras en el Ministerio: más de 600 obras corresponden a la infraestructura de atención.
Estas herramientas no son iniciativas aisladas, sino que forman parte de un nuevo paradigma de gestión de obras públicas: abierto, innovador, participativo y federal.
La política central que acompaña esta nueva visión es el Observatorio de Obras Públicas, un espacio de participación y trabajo formulado entre el Ministerio, universidades, gremios, cooperativas, consejos profesionales, cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil (Uocra, Camarco, UBA, UTN , Clacso). , Poder Ciudadano, Cippec, Unsam, entre otros) que crean políticas colectivas a partir del intercambio de mejores prácticas y recomendaciones.
En 2022, el Observatorio de Obras Públicas contribuyó a la creación de más de 19 herramientas y políticas.
Parte de ello fue la construcción colectiva de una política de infraestructura de cuidados, que se alimentó del aporte federal en talleres realizados en distintas provincias del país.
La presencia de este tipo de espacios posibilita la integración de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones públicas y por lo tanto hace transparente la gestión de las obras.
40 años después de la democracia, es un componente central de toda política pública.
3. Inversión prioritaria: cambio sustancial, no solo cultural
En tercer lugar, nada de esto sería posible sin una decisión política de destinar fondos para reducir las brechas históricas en nuestro país, y para ello se invirtió una parte del presupuesto en Infraestructura de Atención: 8,5% de los fondos anuales.
En 2022 se utilizó el 9,01% del presupuesto anual en estas tipologías, superando así el compromiso.
Es imposible pensar en el crecimiento económico sin antes detenerse a analizar la deuda que tienen los países latinoamericanos en relación a las políticas de cuidados.
El Estado debe tomar como propias estas banderas y garantizar los derechos de las mujeres, la niñez, la diversidad, los adultos mayores y las personas con discapacidad, sectores que han sido los más impactados por el avance de los modelos neoliberales y los discursos reduccionistas.
Es vital mantener una apariencia que construya una sociedad solidaria entre todos y pensar en el mediano plazo.
En este contexto, la infraestructura tiene una gran oportunidad para contribuir a la conquista y consolidación de nuevos derechos.
La Dirección Nacional de Transparencia, una nueva área creada a partir de 2020 para fortalecer la confianza ciudadana y mejorar las políticas, trabaja para visibilizar estos impactos a través de la creación de estadísticas y análisis abiertos a la ciudadanía y el desarrollo de nuevas políticas de participación ciudadana. y controles que retroalimentan la toma de decisiones.
Los estados de bienestar deben actualizar y adoptar esta agenda para incidir en la reducción de las desigualdades.
Para que tales debates se desarrollen, deben ser parte de las plataformas electorales.