El gobierno estudia la posibilidad suspender la aplicación de la Ley 27.551 sobre rentasFuentes del Palacio de Hacienda dijeron a Télam este martes.
La regla fue aprobada por la Cámara de Representantes en noviembre de 2019, firmada como ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
Esta pregunta sería uno de los temas de análisis durante un almuerzo compartido un día antes entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Ante esta posibilidad, Mariano García MalbranEl presidente de la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Inmobiliarios (Camesi), afirmó que para adoptar medidas de este tipo, «se seguirá el procedimiento en los contratos vigentes bajo la nueva ley y en los contratos que se suscribirán a partir de ahora adelante con la ley ya suspendida».
“Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: los contratos vigentes siguen aplicando la ley vigente recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de arrendamiento fueron negociadas y pactadas por dicha ley”, Sostenía García Malbrán.
El dueño de Camesi consideró necesario que “los contratos que se suscriban a partir de ahora, hasta que se expida la nueva norma, se rijan por la antigua ley de inquilinatos; en este caso, podrá fijarse una duración mínima del contrato de dos años y las actualizaciones podrán ser libremente pactadas por las partes”.
Otro jugador en este sector es colegio vocacional de bienes raices (CPI), la entidad que asocia a las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires, argumentó que la ley de arrendamiento «tiene que cambiar, pero no de ninguna manera».
“Celebramos que entre las prioridades del Gobierno esté la necesidad de acabar con la aplicación de la norma (que tanto daño ha causado a la empresa y a nuestro sector), pero insistimos en que el cambio debe darse después de todos los trámites”, dijo. . dijo el CPI.
El sujeto opinó que la suspensión de la Ley del Congreso por parte del DNU «tendría necesariamente un matiz de inconstitucionalidad» porque significaría que el Poder Ejecutivo usurparía el poder de promulgar leyes que eludirían al Legislativo.
“Crearía una sensación de inseguridad jurídica e inseguridad aún mayor a la que ya sufrimos, que afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a la inversión inmobiliaria y en la construcción”, ha explicado la entidad inmobiliaria.
Por ello, solicitó que se traduzca «no en un acto prematuro del poder ejecutivo, sino en buscar el consenso” en el Congreso, permitiendo que el Proyecto de Modificación tenga un tratamiento rápido en ambas cámaras.
“La intervención del Estado en el mercado de la vivienda en alquiler fue y es un error que la sociedad sufre desde hace casi tres años; sin embargo, un error no puede ser solucionado por otro; el Estado tiene las herramientas adecuadas para zanjar la injusticia que ha causado y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en una aventura de dudosa legalidad”, concluyó.
Desde el otro lado del mostrador, Federación Nacional de Inquilinos Afirmó que «la ley de rentas —aprobada por el Congreso— sigue vigente, reformarla por decreto sería inconstitucional».
Gervasio Muñoz, responsable de Inquilinos Agrupados, denunció finalmente que “la renta se está volviendo dólares, no hay contratos registrados”.
¡Hola! Mi nombre es Ana Sanchez y soy un apasionada del mundo de las finanzas. Desde muy joven, me interesé por entender cómo funcionan los mercados y cómo puedo ayudar a las personas a tomar decisiones financieras inteligentes. Después de estudiar en la Universidad de Buenos Aires y trabajar en el sector financiero por varios años, decidí compartir mis conocimientos y experiencia con el mundo a través de este blog.
