La intervención administrativa por 180 días de la distribuidora Edesura fue decisión tomada luego de una serie de denuncias de usuarios, autoridades municipales y organizaciones de protección al consumidor por persistentes deficiencias en la prestación del servicio en la zona de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbanoen una historia que trasciende tanto al siglo XXI como a sus actuales accionistas.
La concesión de Edesur fue aprobada en 1992 pero Poco después de que comenzara este proceso de 95 años, comenzaron los problemas después de un apagón de 11 días en el verano de 1999.lo que llevó al controlador chileno Chilectra a vender sus acciones a favor de la española Endesa, que hizo lo mismo con la italiana Enel una década después.
El colapso del régimen de convertibilidad en enero de 2002 vino de la mano del proceso de renegociación de los contratos con las distintas empresas de servicios públicos cuyas tarifas fueron dolarizadas, lo que posteriormente inició el establecimiento del régimen de subsidios que se mantiene hasta el día de hoy.
Las deficiencias en el servicio de la empresa generaron constantes quejas, las cuales comenzaron a cobrar fuerza luego de una audiencia pública sobre el ajuste tarifario el 17 de febrero de 2022.ocasión en la que tanto el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, como el Intendente Esteban Echeverría Fernando Grey exigieron el retiro de la concesión.
En medio de estos reclamos y el inicio de la segmentación tarifaria, Enel confirmó el 23 de noviembre su decisión de vender su participación en la compañía como parte de un plan global de desinversión.
2023 comenzó con un nuevo corte en la cobertura de Edesur, atribuido a una “falla de alta tensión” provocado por la caída de un «globo pirotécnico» en una de las subestaciones de la empresa.
En una de sus primeras apariciones públicas al frente del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE), el contralor Walter Martello advirtió el mismo 1 de enero de sanciones contra la empresa luego de que dejara a «miles de usuarios sin energía eléctrica» durante las celebraciones de Año Nuevo. .
A medida que avanzaba el año, los cortes de suministro se hicieron más frecuentes y extensos, y el 12 de febrero Martello indicó que el gobierno buscaba resolver la caducidad de la concesión.
Tres días después, se decidió imponer una multa de 1.000 millones de dólares y en el Ministerio de Economía se coló la alternativa de ordenar la «intervención empresarial sin afectar el capital», en medio de exigencias del jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y un grupo de intendentes de que los propios municipios se hicieran cargo. funcionamiento del servicio.
El 27 de febrero, el ENRE lanzó una auditoría técnica a Edesur como parte de un conjunto de sanciones «por afectaciones a los servicios eléctricos durante febrero», según consta en la resolución 236/2023.
Tras el apagón del 1 de marzo que afectó a varias zonas del país, la demora en el restablecimiento del servicio en la zona de Edesur ha generado diversas protestas de los vecinos, incluyendo cierres de calles en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
En este contexto, el ENRE anunció el 14 de marzo que enviaría un informe al Congreso en un plazo de 90 días sobre el análisis y evaluación de la prestación de servicios de Edesuro, y dos días después, el organismo presentó una denuncia penal contra las autoridades de la empresa por la presunta comisión de los delitos. de fraude, violación de derechos negociados y obstrucción de servicios públicos.
Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche una «intervención de 180 días» de la distribuidora «para vigilar el cumplimiento de las obras y mejorar los servicios» y designó al alcalde Avellaneda para encabezar la tarea. , Jorge Ferraresi.
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