El juez federal Lomas de Zamora ordenó el decomiso de documentación en la sede de Edesur y otras tres sedes empresariales en el sur de la provincia de Buenos Aires como parte de una de las causas que investiga delitos por restricción de abastecimiento zonal.
El juez federal Ernesto Kreplak se pronunció y las diligencias fueron entregadas a la Policía Federal Se realizaron en las sedes de calle San José 190 de la ciudad de Buenos Aires, Francés 525 en Ezeiza, Las Heras 273 en Monte Grande e Hipólito Yrigoyen 9071 en Lomas de Zamora.Así lo dijeron a Télam fuentes judiciales.
En el caso de la sede, el operativo se realizó a través del exhorto a la Justicia Federal en Buenos Aires, ya que es de otra jurisdicción.
La medida se ordenó en forma de «orden de allanamiento subvencionado» por lo que, en caso de que la empresa no aporte la documentación en primera opción, procederá a asegurar lo solicitado mediante el allanamiento en las operaciones encomendadas al Fraude. División de Investigaciones de la Policía Federal.
Kreplak es el presidente del juzgado de La Plata, pero reemplaza al federal 2 Lomas de Zamora, quien está a cargo de la causa iniciada por el defensor público de derechos de la provincia de Buenos Aires.
Se han establecido procedimientos para recopilar la documentación necesaria para el progreso de la investigación, dijeron las fuentes.
La tarea se completa a partir de la mañana de este jueves y El Magistrado solicitó la “entrega inmediata de toda la documentación, ya sea en soporte físico o digital, en la que conste la comunicación que la empresa administradora del mercado mayorista de electricidad (Cammesa) realizó con esta firma, a través de la cual se detectó el daño o interrupción del suministro eléctrico”. » SOLO ENTREGAS«.
En particular, esto aplica para los barrios bonaerenses de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Obstrucción de los servicios públicos
La medida se tomó en una denuncia interpuesta en este juzgado por la Defensoría Pública de los Derechos de la Provincia de Buenos Aires contra Edesura por «obstrucción de los servicios públicos».
Además, el juez ordenó otras medidas de prueba, como exigir al ENRE que envíe «con carácter de urgencia» el marco regulatorio de la concesión a Edesur y un informe «que explique, según las concesiones, cuáles son los roles y funciones» de empresas como Cammesa, Sacme, Edenor, Edesur y el grupo Enel, propietario de esta última.
También para detallar las «multas y planes de trabajo» impuestas a estas empresas, incluidos los informes de auditoría, el número total de usuarios afectados y los perjuicios causados hasta el momento por los cortes y copias de expedientes del pasado mes de febrero.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa Argentina de Valores (ByMA) solicitaron informes sobre el «anuncio de venta de los activos de Enel en Edesur, las centrales térmicas Dock Sud y Costanera y la concesión hidroeléctrica Chocón».
Además de esta causa judicial, se tramitó una denuncia en los tribunales federales de Retiro por parte del administrador del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE), Walter Martell, quien fue citado para ser ratificado por el Ministerio Público en el caso de Ramiro González.
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