La intención del oficialismo es emitir un pronunciamiento en el pleno de la Comisión de Legislación General, presidida por Lucas Godoy (Frente de Todos); Finanzas, Alicia Aparicio; y legislación penal liderada por María Luján Rey (PRO), prevista para el 11 discutirlo el miércoles en el marco de una sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes.
El proyecto presentado por el Ejecutivo fue analizado por la Comisión General de Legislación y Finanzas en noviembre pasado, pero no recibió dictamen.
Sanciones de esta iniciativa Esto se considera crucial para el gobierno. a partir del próximo año hay una nueva revisión técnica por parte del International Financial Action Task Force (GAFI) y Argentina debe actualizar su legislación de acuerdo a las nuevas normas emitidas por el organismo.
Las comisiones se reunirán nuevamente luego de la reunión que sostuvieron el 23 de noviembre, donde presentaron, además del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central (BCRA), Zenón Biagosch; y, entre otros, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri.
En declaraciones a los diputados, Otero señaló que se trata de una «reforma sustancial después de once años» y dijo que es «muy importante porque nos permitirá mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo».
Otero también aseguró que “en septiembre de 2023 el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional” y se analizará tanto el “sector público en los tres poderes como el sector privado”, recordando que en 2012 agregó nuevas recomendaciones e incorporó «eficiencia».
Contribución de las autoridades públicas
El proyecto de reforma es el resultado de mesas de trabajo en las que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), BCRA, CNV, Instituto Nacional de Asociaciones y Economía Social (Inaes); el Ministerio de Economía; justicia y relaciones exteriores; Coordinación Nacional para el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ministerio Público y Poder Judicial.
La iniciativa contempla varias reformas, pero una de las más importantes es la transformación de la UIF en un organismo descentralizado de la administración pública estatal dependiente del Ministerio de Economía con personería jurídica propia, que operará de manera autónoma y funcional. autoarquía administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía el número de operaciones que deben ser reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera, y en ese sentido, se prevé la inclusión de proveedores de servicios de activos virtuales para las personas físicas o jurídicas que realicen la custodia por cuenta de un tercero. fiesta. y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios para fideicomisos y empresas.