La AFIP reclama una deuda de casi $100 millones en la quiebra de Vicentin, que comenzó en febrero de 2020 luego de que los pagos se detuvieran a fines de 2019.
El juez Lorenzini declaró la existencia del convenio el pasado 17 de abril luego de que la empresa presentara una propuesta de pago a sus acreedores que cumple con las condiciones que marca la ley y le concedió un plazo de 10 días hábiles para formular objeciones.
Según la agencia, en el texto presentado ante el tribunal de Reconquista, la AFIP fundamenta su impugnación en tres puntos.
El BNA anunció esta tarde que, al igual que la AFIP, impugnó la propuesta como «abusiva y fraudulenta» y cree que «no respeta el principio de igualdad de los acreedores».
Por un lado, considera que la propuesta tiene un carácter «abusivo», «porque contempla una reducción del préstamo en torno al 71% en términos nominales y hasta el 79% en términos reales».
En segundo lugar, la AFIP considera que la propuesta de Vicentino representa una «violación del principio de igualdad de acreedores».
Según la autoridad fiscal, la propuesta “establece un pago inicial de $30.000 a todos y cada uno de los acreedores, beneficiando claramente a aquellos con crédito igual o menor a este monto para cobrar en su totalidad sus deudas y perjudicando al resto”. masas de acreedores con una cantidad mayor”.
Finalmente, señala que la quiebra de la agroexportadora implicó «la ocultación de bienes relacionados con la venta simulada del 16,67% a Renova SA, 48 horas antes de que Vicentin SAIC declarara públicamente su propia quiebra, lo que supuso la salida del 14,41% del total bienes (conocidos) de la herencia del deudor, que es una prenda conjunta de los acreedores».
“De la deuda senior ofrecieron pagar US$225 millones a 56 años sin intereses. Y de la deuda quirografaria proponen una reducción del 80%, es decir 72 millones, nos devolverían 15 millones”, dijo el BNA en un comunicado.
El BNA anunció esta noche que también impugnó la propuesta como «abusiva y fraudulenta» y cree que «no respeta el principio de igualdad de acreedores, ya que prevé el pago de una cantidad que es insignificante para el Banco Nación». que verificó $300 millones en créditos.
“De la deuda senior ofrecieron pagar US$225 millones a 56 años sin intereses. Y de la deuda quirografaria proponen una reducción del 80%, es decir 72 millones, nos devolverían 15 millones”, dijo el BNA en un comunicado.
Además, agregó que “es una violación al principio de la universalidad del proceso, porque contempla la división arbitraria de la herencia en dos bloques: uno de alto valor productivo destinado a los acreedores llamados actores estratégicos” y el otro de bajo valor para el resto de los acreedores.
La propuesta de pago presentada por Vicentin al juez con la aprobación de las mayorías legales también tiene un obstáculo en el sentido de que, para ejecutarla, supone la venta del 33% de las acciones que aún posee en Renova, operación prohibida por dos jueces penales de Rosario, quien acusó al directorio de la empresa por presunto fraude.
Luego de presentadas las impugnaciones, la jueza Lorenzini deberá decidir si aprueba la propuesta de pago de la empresa o la rechaza y permite el mecanismo de rescate, dijeron fuentes judiciales.
En estos casos, los jueces dictaron medidas de no innovar en relación con la gestión de los activos y acciones de las empresas que integran el grupo.
Para las autoridades del BNA, “la propuesta de eliminar el 80% de la deuda también viola el derecho a la propiedad”.
Además, está “considerando convertir todos los créditos quirografarios (incluso verificados en pesos) a dólares, lo que perjudica a los prestamistas originales en USD”, como la propia entidad estatal.
«Esta propuesta no es una solución, sino por el contrario significa un daño a la propiedad del banco de todos los argentinos y ni siquiera garantiza la continuidad de la empresa», dijo el banco.
Luego de presentadas las impugnaciones, la jueza Lorenzini deberá decidir si aprueba la propuesta de pago de la empresa o la rechaza y permite el mecanismo de rescate, dijeron fuentes judiciales.