2 de julio de 1971

“Electrum” N° 309 Viernes 2 de julio de 1971 

CON EL DEDO EN LA LLAGA: ¿PLENAS GARANTIAS? ¿DEFENSA NACIONAL? 

El régimen que usurpa el poder ha hecho una cuestión de defensa nacional, la represión contra la justa lucha que vienen librando los maestros, empleados judiciales y empleados públicos.

Parece una increíble exageración afirmar lo precedente. Pero rigurosamente es así. Lo señala expresamente el propio Gobierno en la parte dispositiva del comunicado de advertencia lanzado la semana pasada para intimidar a esos trabajadores en conflicto.

Claro que en los fundamentos para decirles a los maestros, judiciales y empleados públicos que los pueden movilizar y militarizar a todos juntos, se habla un hermoso lenguaje de introducción sobre los grandes objetivos que tiene el Gobierno para bien del país y de todos sus habitantes.

LAS BELLAS PALABRAS

Los considerandos del referido comunicado dicen lo siguiente:

“El Gobierno está resuelto a continuar con profunda convicción de su necesidad, la materialización de cambios conducentes a dirigir el proceso económico-social con pleno sentido del supremo interés nacional y una equitativa distribución de la riqueza”.

“Mantiene además su firme decisión de continuar también el proceso que conduzca a la solución política que asegure el ejercicio de la soberanía del pueblo, con plena garantía de las libertades y derechos individuales, eliminando los vicios que han sido causas de la inestabilidad institucional del país.”

Leyendo todo esto pareciera que los puntos resolutivos que vendrían a continuación, debieran contener la total satisfacción a las reclamaciones de tipo económico y social, que los maestros, judiciales y empleados públicos reclaman.

Porque al referirse al supremo interés nacional no podría dejarse de lado la preocupación de que los maestros, encargados de la educación y en mucho de la formación inicial de nuestros niños, debieran gozar de un salario que les permitiera vivir con dignidad y dedicar todo su tiempo a la docencia, sobre ese infantil pero tan importante sector de la población que constituye el futuro de la Patria.

Tampoco podría dejarse de lado la preocupación para resolver los problemas de aquellos que deben colaborar eficazmente en la administración de la justicia. De esa Justicia que debería constituir una clara garantía para todos los habitantes del país. Y reconocer que es muy difícil sentirse con ánimo y concepto de colaborar en la aplicación de la Justicia, cuando se padece en carne propia la injusticia de la falta de consideración a sus propios y graves problemas.

Tampoco podría dejarse de lado la preocupación para resolver las dificultades de aquellos que desarrollan innumerables funciones públicas y cuyos salarios son de los más bajos de todas las actividades laborales. También al hablarse en estos hermosos considerandos de una equitativa distribución de la riqueza se podría pensar que el Gobierno decidiría reducir los exorbitantes ingresos y las enormes ganancias de los grandes capitalistas, de los usureros con o sin títulos bancarios, para transferir siquiera una parte de la renta, a los maestros, a los judiciales y a los empleados públicos.

Y en otro lugar de los considerandos, cuando se habla de la búsqueda para asegurar plena garantía a las libertades y derechos individuales, debería creerse que no se permitiría ninguna coacción, ningún tipo de presión contra estos trabajadores que demandan atención a sus problemas. Que insisten con sus reclamos ante la comprobación que los magros incrementos aprobados, aun antes de haber sido percibidos, son anulados por la galopante carestía de la vida.

EL REVES DE LA TRAMA

Todas las interpretaciones surgidas de las elocuentes y patrióticas palabras y frases de los considerandos del comunicado, nada tienen que ver con su parte resolutiva.

La introducción se escribió para atenuar la tremenda significación que tiene la advertencia, la amenaza, la represión que se anticipa a descargarse contra los maestros, los judiciales y empleados públicos.

En la primera cláusula se asegura con total tranquilidad que los aumentos acordados al sector público importan la satisfacción razonable de las demandas y superan notoriamente el aumento en el costo de la vida del año pasado y aun el previsto hasta fin de año.

Luego se indica que no puede alcanzarse a las remuneraciones un sólo centavo más, porque se comprometería el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas.

Después ya viene la advertencia: “Que no es posible admitir que la administración pública, la enseñanza o la organización judicial queden paralizadas por medidas de fuerza que no tienen razonabilidad”.

Por ello el Gobierno, a partir del 21 de junio, procedería a tomar medidas legales para poner fin a tan irregular situación.

MILITARIZACION Y MOVILIZACION

Y como último punto de este comunicado, cuyos considerandos tenían tan expresivas y bellas palabras sobre los supremos intereses nacionales, sobre los derechos, libertades y garantías, y sobre la equitativa distribución de la riqueza, nos encontramos con que se destruye todo lo dicho y como punto final se agrega sugerentemente la recordación de la existencia de la Ley de Defensa Nacional.

Así lo expresa el punto 5° que textualmente dice:

“Que, a tal efecto, debe recordarse a todos los interesados la vigencia de la Ley 16.970 del 6 de Octubre de 1966, autoriza la intervención de las autoridades y medios nacionales en caso de conmoción interior.”

De más tampoco está recordar que, el mismo día que se emite este comunicado, fue sancionada la Ley 19.081 para “prevenir y combatir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos”, donde intervienen las fuerzas armadas de tierra, mar y aire y se aplica la justicia militar.

Esta ley dice en su artículo 8°:

“Las disposiciones de la presente ley se considerarán parte integrante de la de Defensa Nacional N° 16.970, sin perjuicio de lo que ésta prescribe.”

Estas son las plenas garantías, sacadas de las leyes de Onganía y complementadas por las leyes de Lanusse, que hoy se dan a los maestros, empleados públicos y a los empleados judiciales argentinos.

Estas son seguramente otras de las bases del Gran Acuerdo Nacional.

UN COMPAÑERO

(Seudónimo de Tosco)