15 de Agosto de 1968

Semanario de la CGT de los Argentinos

 Año 1 N° 16

“HASTA QUE LE SEA DEVUELTO AL PUEBLO

EL EJERCICIO DEL PODER”

Trataré de fijar el nexo que liga todo lo acaecido desde el año 1966 hasta la fecha: la política del gobierno, la acción de la Central Obrera, la reacción de las masas trabajadoras y demás sectores populares de la población.

Las largas proscripciones a que fueron sometidas las mayorías del país, la falta de soluciones de fondo para la crisis de estructura que afecta a nuestra economía y la carencia de una política social de envergadura, no fueron defectos exclusivos y excluyentes de los políticos argentinos. En definitiva puede probarse que un súper poder de los monopolios, de los organismos financieros internacionales y de muchos militares vinculados a ellos, originaron, frente a la debilidad de conceptos y de aplicación de una auténtica democracia, un condicionamiento limitativo e incluso restrictivo de distintos hombres de gobierno, que a pesar de todo estuvieron inspirados en el bien del país.

Una gran astucia de las fuerzas reaccionarias que incidieron en forma decisiva en el acontecer argentino ha sido transferir responsabilidades, usar a hombres públicos para ejercer el poder que ellos efectivamente tienen, achacarles todos los males y explotar conciente y maliciosamente las diferencias de opinión o de enfoque de los trabajadores organizados.

En 1966 se explotó el concepto de la ineficacia, de la lentitud, no para corregir las deficiencias, sino para eliminar una representación del pueblo, limitada en el poder Ejecutivo, bastante amplia en el Parlamento, y poder aplicar en forma directa un programa económico, político y social, el servicio de los círculos del privilegio y contrario al interés popular y nacional.

Si quienes tuvieron fuerza para dar el golpe de Estado hubieran tenido realmente objetivos populares y de grandeza nacional, no pueden quedar dudas que en lugar de dar el golpe, correspondía impusieran el respeto a la voluntad del pueblo que había votado, en los programas de distintos partidos políticos, medidas que tenían fundamentalmente en cuenta los derechos y el interés de los argentinos. Asimismo podrían haber garantizado el libre ejercicio de la voluntad popular a principios de 1967 cuando correspondía una importante renovación de representantes de las distintas funciones electivas. Pero el golpe de Estado del 28 de junio, respondió a la necesidad de impedir el avance de esas medidas y a su vez aplicar una política totalmente inversa, revestida de los viejos conceptos del liberalismo económico y del totalitarismo político. Se debe admitir entonces que la ruptura institucional no se debió a la ineficacia del Gobierno, sino a una cuestión más de fondo; llevar adelante una reivindicación de los viejos esquemas de la Argentina supeditada totalmente a la penetración monopólica e imperialista. Esto lo demuestra, no una simple afirmación en abstracto, sino las decisiones sin pausa puestas en vigencia por la dictadura del General Onganía.

LOS PRIMEROS GOLPES

Bajo fáciles slogan de modernización y transformación, el nuevo gobierno atacó frontalmente todos los derechos de los trabajadores y del pueblo. Sólo citaremos algunas medidas por no hacer demasiado extenso este comentario; aplicación de un estatuto superior a toda norma institucional legalmente aprobada; disolución de los partidos políticos; intervención, retiro de personería y o sanción a los sindicatos; desconocimiento de las representaciones laborales en organismos del Estado; imposición del arbitraje obligatorio; anulación del salario vital mínimo y móvil; legislación contra el derecho de huelga; anulación de la Ley 1.881 de indemnización reduciéndola a menos de la mitad de sus montos; cesantía, suspensiones, rebajas de categorías, pérdidas de salario y suspensión a los trabajadores que defendieron sus derechos; suspensión de la estabilidad en varias convenciones colectivas; aumento de los topes de edad mínima para jubilarse; régimen de alquileres de “libre” contratación; legislación y política agraria al servicio de los terratenientes y especuladores; intervención a las Universidades; disolución de los centros estudiantiles; limitacionismo en la educación y capacitación; racionalización administrativa con su secuela de traslados, prescindibles, transferidos y despedidos; plan de estabilización con la depreciación constante del signo monetario; restauración del libreempresismo a ultranza; política eminentemente fiscalista y monetarista; aumento del deterioro de los términos del intercambio protestado sólo en forma declamativa; preferencia de firmas consultoras extranjeras en lugar de los técnicos argentinos; incondicionalidad a los dictados de planes económicos y política financiera del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, de la Agencia Internacional de Desarrollo y otros organismos extranjeros; caída de la producción de la industria y disminución de las ventas del comercio; incremento de la capacidad ociosa de las fábricas; sanción de la Ley de Hidrocarburos y de Sociedades Anónimas para acentuar las desnacionalizaciones y la entrega del patrimonio nacional; transferencia y acaparamiento de las acciones de empresas nacionales al exterior; no fijación de la gestión del período de gobierno, contrariando las más elementales normas republicanas; represión de toda actividad cívica; ley anticomunista; Ley de defensa civil; presos políticos, sindicales y estudiantiles; auspicio en el plano continental de una fuerza represiva interamericana; leyes coercitivas contra la libertad de expresión y derecho de reunión y del ejercicio de otros importantes derechos constitucionales.

Este es el plan concreto aplicado arbitrariamente para hacer de la Argentina un país “moderno”. Este es el plan que comenzó a ponerse en práctica apenas producido el golpe de estado y que no despertó tanta expectativa en el pueblo como se afirma reiteradamente, salvo en los círculos de apoyo y difusión de la mal llamada Revolución Argentina que instrumentaron la gran publicidad en tal sentido. No escaparon a esa “expectativa esperanzada” e incluso la fomentaron, los dirigentes sindicales encaramados en la Confederación General del Trabajo, que acudieron a felicitar a los nuevos gobernantes, que se hicieron eco abierta o solapadamente del pacto social y que concurrieron al Teatro Colón, invitados por las jerarquías reaccionarias del gobierno.

Esa “expectativa esperanzada” sólo fue un compás de espera del verdadero pueblo, el que está abajo, el que trabaja, el que sufre, para observar los acontecimientos. Pero la presencia de Alzogaray y otros funcionarios, cuyos antecedentes se conocieron de inmediato, fue avivando el descontento, fue afirmando la seguridad de que el nuevo equipo, el de la transformación y la modernización, era el viejo equipo de siempre, el que con otros hombres y otros nombres, ya se había hecho conocer en la década infame, nacida también al calor de un golpe de estado contra un gobierno popular.

Eran los mismos, pero con más experiencias y más mañas, que habían hecho sus primeras armas con Aramburu, Frondizi, y Guido. Eran los mismos y otros nuevos, pero de igual extracción y con igual pelaje, de los que conoce el pueblo como oligarcas, como agentes del capital monopolista extranjero, como expoliadores de su propio país.

EL PARO DE DICIEMBRE DE 1966

Antes de los seis meses de detentar el poder, la dictadura debió enfrentar la primera reacción popular, canalizada por el movimiento obrero y que desde las bases impuso a la vacilante dirección de la CGT un paro general de actividades para el 14 de diciembre de 1966, el que pese a la falta de organización y el sabotaje de algunos dirigentes que ya se autotitulaban “realistas” fue cumplido con ferviente adhesión. La propia dirección de la CGT en medio de afirmaciones ambiguas, debió reconocer que: “La demostración de protesta y rebeldía, que es también de fe y de esperanza, ha sido cumplida con admirable unanimidad. Más allá del pueril intento de disimular los efectos incontrastables del paro general, el gobierno debe admitir ya su no desmentida soledad”.

El famoso Plan de Acción no continuó. Renacía la esperanza en los dirigentes conciliadores, en los especuladores de siempre, pero se acentuaba el repudio de los trabajadores e iba tomando cuerpo, en el propio seno de la CGT, la conciencia de que nada podía esperarse del régimen y que era imprescindible colocar a la organización nacional de los trabajadores en una actitud frontal y militante contra la acción del gobierno. Cada vez eran más los delegados, que, asimilando las experiencias portuaria y ferroviaria, sabían que la alternativa de hierro era, o luchar o entregarse mansamente, disimulando como fuera posible la innegable complicidad. Otros más descarados ya proclamaban que nada podía hacerse y que era conveniente apoyar al “sector nacionalista” del Gobierno para desplazar al “sector liberal reaccionario”. Pecaron de ingenuidad o actuaban conscientemente de mala fe. Con respecto a esto nuestro sindicato pudo decir: “en el fondo son todos iguales, si hay una diferencia es de matices, de denominación, unos nos atacan y persiguen abiertamente, otros lo disimulan y nos palmean la espalda, pero con un cuchillo en la mano.”

La salida de Salimei y Martínez Paz y su reemplazo por Krieger Vasena y Borda no engañó a nadie. El gobierno debió recurrir a ello como medio para atenuar la reacción popular, para abrir una nueva instancia de expectativa, ya que de esperanza no queda nada.

EL ROSTRO DE LA REPRESION

Nuevamente el movimiento obrero exigió cambios fundamentales, ya con más conciencia y con más decisión. Sectores progresistas del país sumaron fuerzas. La dirección de la CGT inventó un nuevo Plan de Acción. El 22 de febrero de 1967 se realizaron actos y manifestaciones en todo el país. La represión comenzó a mostrar su verdadero rostro. Muchos fuimos detenidos y presionados para desistir de la lucha que se planteaba. El gobierno montó un aparato espectacular contra el movimiento obrero y contra el pueblo.

Sólo bastaría recordar las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) y la famosa resolución de los siete puntos que decidieron la represión abierta y total. Algunas de las decisiones adoptadas en ese entonces fijaban:

1°) Interrumpir toda clase de diálogo con las autoridades de la CGT mientras persistan en su actual posición. 2°) Prohibir toda manifestación en la vía pública..., con la advertencia de que se adoptarán las medidas de seguridad que el caso imponga. 3º) Iniciar la acción de las otras medidas propuestas con el escalamiento y orden de prioridad previstos. 4º) Alistar los medios para su ejecución. 5º) Encomendar primeramente al Ministro del Interior la ejecución de las medidas mencionadas. 6°) Convocar a nuevas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) para tratar éste y otros problemas que afecten la seguridad del Estado. 7°) Encomendar a la secretaría del Consejo Nacional de Seguridad la reunión de toda información referida a estos aspectos y su correspondiente evaluación.

El lº de marzo se cumplió el paro general en todo el país. Indudablemente acusó muchos defectos: los principales por debilidad, falta de organización, carencia de firmeza de las autoridades de la CGT, también por las amenazas del Consejo Nacional de Seguridad y los distintos ministerios, todos aprobadas por el General Onganía, que se concretaron luego en un abierto ataque a las instituciones sindicales, con retiro y suspensión de personería intervenciones, sanciones de suspensión, quita de sueldos, rebajas de categoría y despido a los trabajadores adheridos al paro del l de marzo.

En distintas reuniones sindicales se tomó como un fracaso el paro general y los dirigentes conciliadores quisieron probar con ello que no era posible seguir la lucha, que había que esperar, que había que conciliar y comenzó a acentuarse el criterio de demanda de “participación”.

¿Fue realmente un fracaso el paro? Yo afirmo rotundamente que no. Si bien no consiguió un cambio de conducta en el gobierno, desenmascaró definitivamente su contenido ultrareaccionario y antipopular, quemó todo tipo de expectativa, llevó plena luz a sus verdaderos objetivos antinacionales y antipopulares y acortó indudablemente su posibilidad real de vigencia en la escena histórica argentina. Fue una victoria a lo Pirro, de la que el gobierno salió profundamente debilitado.

El único “triunfo” del gobierno fue el desánimo, la depresión, la predisposición a la conciliación de todos aquellos dirigentes amigos del camino fácil y cómodo, inconsecuentes con la conciencia obrera y patriótica de perseverar, pese a las condiciones difíciles. Ellos abrieron el camino para hacerle el juego a la dictadura, constituyendo una CGT oficialista, de plataforma participacionista de asesoramiento, con la “representatividad” que le exigía el gobierno. Con ese espíritu fue preparando el Congreso Normalizador la Comisión Delegada. En los altos niveles de la Presidencia y de la Secretaría de Trabajo, se tejieron los planes, se contaron los votos, se ensayaron las componendas para que la CGT no fuera la organización de los trabajadores y mantenerla como una oficina de reclamaciones gremiales insatisfechas, mientras caminaba a contramarcha de la historia. Mientras tanto, el pueblo soportaba con estoicismo y resignación el sacrificio cada vez mayor a que los obligaba la dictadura y los planes de los monopolios y organismos financieros internacionales.

EL PUEBLO DICE: ¡BASTA!

Los planes oficiales eran de gabinete, ajenos a la realidad, con desconocimiento de la sagrada capacidad de reacción que tienen el movimiento obrero y el pueblo. En el Congreso Normalizador planeado y planificado con intervención de la Secretaría de Trabajo, fracasaron los objetivos de la dictadura y triunfaron los objetivos del pueblo. No fue un Congreso complaciente, sino un Congreso de afirmaciones patrióticas; no fue un Congreso del dialoguismo, del participacionismo o del realismo, fue un Congreso de autenticidad sindical, de reivindicaciones palpitantes y concretas, de demandas patrióticas para la unidad del pueblo contra la dictadura.

El Congreso Normalizador se cumplió y sin cambiar la esencia estatutaria, la CGT fue bautizada “de los Argentinos”. La CGT de la Rebeldía. La CGT de la Oposición.

Era la CGT que en los momentos que muchos consideraron como de definitiva derrota, estaba generándose en las bases del pueblo y que pasaba desapercibida para los miopes de la historia, para los que no comprenden que el proceso de redención y de liberación, está jugando siempre su papel y siempre también termina por realizarse.

Ese Congreso también fue de la unidad, el nervio de la unidad del pueblo argentino. La suma dinámica de los sectores del trabajo perseguidos y sancionados, de los sindica tos aparentemente caídos, de los sindicatos con un alto sentido de la solidaridad, de los estudiantes que le dieron su apoyo, de las fuerzas cívicas populares que lo reconocieron como el verdadero impulso humano que abría las nuevas perspectivas para una Argentina al servicio de sí misma y de la humanidad dignificada.

La CGT de los Argentinos emprendió la lucha. Aprobó el Manifiesto del 1° de Mayo, cuyo extraordinario contenido sintetiza la necesidad histórica de la unidad de    todos los sectores del pueblo, oprimidos y postergados, la necesidad de una conciencia cada vez mayor para comprender las cosas y desempeñar el papel que verdaderamente nos toca a los argentinos, la necesidad de una acción perseverante no con vistas a un fácil triunfo, sino al logro en breve o largo plazo de los objetivos de la liberación nacional.

La CGT de los argentinos es ya un patrimonio inalienable e imprescriptible del movimiento obrero y del pueblo y no podrá ser derrotada, porque esta consigna del

Manifiesto del 1º de Mayo, nos convoca:

“A la luz o en la clandestinidad, dentro de la Ley o en las catacumbas, hasta que podamos reconquistar la libertad y la Justicia Social, y le sea devuelto al pueblo, el ejercicio del poder.”